Demagogias Tributarias (11)

Siguiendo con la serie de "DEMAGOGIAS TRIBUTARIAS", en diciembre publiqué estos comentarios sobre el "famoso" impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, en el habitual portal LAW&TRENDS.

https://www.lawandtrends.com/noticias/tributario/demagogias-tributarias-11-el-impuesto-temporal-de-solidaridad-de-las-grandes-fortunas-1.html

Demagogias tributarias (10): ¿“los impuestos son el precio que pagamos por la civilización”?

Se atribuye a Oliver Wendell Holmes la frase “los impuestos son el precio que pagamos por la civilización”. No se puede negar que se trata de una expresión redonda, sintética e impactante, lo que explica su “aprovechamiento” actual para la defensa de cualquier impuesto, y de diversas consecuencias supuestamente implícitas. Recientemente se ha utilizado incluso para defender el sistema tributario español contra quien decide cambiar su domicilio fiscal a cierto país vecino (como si dicho país fuera menos civilizado).

Para empezar a considerar el significado real de la famosa afirmación, habría que empezar por contextualizarla, empezando por el autor, en su lugar y su tiempo. Precisando primero, por si acaso, que parece ser que la escribió Oliver Wendell Holmes, el médico y poeta estadounidense que vivió y murió en el siglo XIX. Y no su hijo -del mismo nombre, pero Jr.-, el insigne juez asociado de la Corte Suprema de los Estaos Unidos durante 30 años hasta su fallecimiento en 1932.

En cualquier caso, en aquel entonces -siglo XIX, o aunque fuera principios del XX- la comprensión y aplicación de los impuestos era bien distinta a la actual, y mas aún en Estados Unidos respecto de Europa continental. No en vano, fue en 1913 cuando en los Estados Unidos enmendaron la Constitución para habilitar al Congreso para establecer un impuesto federal sobre la renta (enmienda 16ª). Y la tasa máxima hasta esa fecha era del 7% para rentas altísimas. Es decir, al escribir tal frasecita el Sr. Wendell Holmes no pudo estar considerando un sistema tributario de las características (complejidad y extensión) de los actuales, y menos aún unos niveles de recaudación y presión fiscal como los europeos de hoy en día. 

Traslademos la frase, de todos modos, a nuestro momento actual. Para lo que aún resulta imprescindible determinar el significado de la palabra “civilización”. Es evidente que la frase carece de sentido con la primera acepción del término que ofrece el diccionario: conjunto de costumbres, saberes y artes propio de una sociedad humana. Pues toda sociedad humana sería civilizada, y sus impuestos estarían justificados por el hecho de imponerse en sociedad.

Encaja mejor con su segunda acepción: estadio de progreso material, social, cultural y político propio de las sociedades más avanzadas. Es decir, lo que parece que se quería -y quiere- transmitir es que una sociedad organizada moderna (avanzada), en la medida en que se dota de ciertos medios útiles para el progreso económico y social, requiere sufragarlos al menos en parte con impuestos. Pero de ahí a la insinuación de que es inevitable un sistema y nivel impositivo como el vigente en España y  otros países de su entorno, hay un salto cualitativo.

Impuestos han existido en las sociedades más bárbaras y retrógradas (también “civilizaciones” en su primera acepción). Y se han establecido en muchas ocasiones en los términos más injustos, llegando al paroxismo de su exacción en “especie” para ofrecer sacrificios humanos. Y sin necesidad de llegar tan lejos, usando un concepto más restrictivo -monetario- del término “impuestos”, en muchas ocasiones se ha gravado arbitrariamente determinadas manifestaciones de riqueza o a ciertos grupos sociales sometidos. Incluso han servido específicamente, los impuestos, para discriminar o para financiar las más diversas guerras y otros actos de violencia. Luego, la existencia de impuestos no identifica ni garantiza una sociedad avanzada (“civilizada” en la acepción que vamos a considerar).

De hecho, al menos en el plano teórico, quizás el ideal de sociedad avanzada sería aquélla en la que no hubiera impuestos, porque la contribución a las necesidades individuales y colectivas, incluso a los gastos públicos, fuera voluntaria -y se cubrieran adecuadamente todas las necesidades- ¿no sería un rasgo de máxima conciencia social que todos los miembros de una comunidad sostuvieran libremente y bajo su responsabilidad todas las necesidades individuales y colectivas?  No hablamos de postulados anarco liberales, sino también de propuestas desde la filosofía política por parte de autores autodefinidos de izquierdas, como es el caso del filósofo alemán Peter Sloterdijk y el interesante análisis recogido en el libro “Fiscalidad voluntaria y responsabilidad ciudadana” (Siruela, 2014). El autor manifiesta que quiere “propulsar una sociedad que se base en una competencia de dadores orgullosos y no en la sorda confiscación de bienes adeudados”. Utópico o no, desde luego sería muy civilizado, en el sentido más avanzado y excelso del término.

Regresando al terreno del pragmatismo más realista, aceptemos que alguna forma y medida de impuestos resultan de hecho necesarios en las sociedades desarrolladas, tal y como las concebimos en la actualidad. Lo cual no implica aceptar que la existencia de impuestos cualifique una sociedad como civilizada, o que los impuestos sean su precio. Pues los autoritarismos y totalitarismos más caprichosos e injustos han subsistido siempre con impuestos, y muchos.

Lo propio del avance de una civilización, que podríamos identificar en su configuración política con un sistema Democrático y un Estado de Derecho, no es que existan impuestos. Sino que los impuestos mismos estén sometidos a un precio, un marco de referencia y límites en su configuración y aplicación. En concreto:

-     Que el sistema tributario y cada tributo se deba configurar conforme a principios de justicia material (generalidad, igualdad, capacidad contributiva y no confiscatoriedad) y formal (reserva de ley, seguridad jurídica…).

-     Que la Administración, en la aplicación de los tributos, se rija por el sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, orientado a la correcta y estricta aplicación de las Leyes como manifestación esencial del interés general, y sin pretender identificar tal interés con la maximización de la recaudación a cualquier costa.

-     Y todo ello sometido a la revisión y control de los órganos administrativos -en su caso-, y de jueces y tribunales -en todo caso-, independientes y formados para ejercer con eficacia el contrapeso del poder exorbitante de la administración.

Aquí radica la civilización respecto de los tributos, en la justicia y la ponderación para crearlos, configurarlos y aplicarlos. En cómo es acotado y ejercido el poder de establecerlos y exigirlos.

Entendiendo, claro está, que la perspectiva para medir el progreso de la civilización es el punto de vista del contribuyente, sus derechos y sus libertades. Al contrario del uso demagógico que parece hacerse de ella, al menos en la actualidad, desde la perspectiva del Estado, que refleja una peligrosa tendencia a justificar cualquier impuesto establecido y aplicado de cualquier forma. Lo democrático y avanzado es limitar los impuestos, mientras que pretender su crecimiento ilimitado y aplicación arbitraria, sin posibilidad de objeción es “camino de servidumbre” ¿reflexionamos en qué punto nos encontramos?

Para concluir, no sé muy bien por qué, pero este debate impositivo me ha sugerido otra frase célebre del mismo Oliver Wendell Holmes, que presto también a la reflexión: “tenga cuidado con la forma en que quita la esperanza a otro ser humano”.

Citas célebres (10)

 “El inversor sólo invierte en serio en un país cuando puede prever que si invierte x dinero en x años, ganará x y pagará x impuestos. Esa es la clave: ser predecibles”

“La enemiga de la prosperidad es la incertidumbre que genera la mala política”

Finn Kydland

Citas célebres (9)

"Tenemos un sistema que cobra cada vez más impuestos al trabajo y subsidia el no trabajar"

Milton Friedman

Demagogias tributarias (9): "queremos el estado de bienestar de Francia con la fiscalidad de Irlanda"

En la edición de Actualidad Económica (ahora suplemento del diario El Mundo) del pasado viernes 31 de julio (2020), aparecía una interesante entrevista al profesor Javier Díaz-Gimenez. Por quien, vaya por delante, tengo una grandísima consideración profesional.

En el final de la página invita a resolver lo que considera "una esquizofrenia fundamental: queremos el estado de bienestar de Francia con la fiscalidad de Irlanda, y así no hay manera". He escuchado tal comparación otras veces -por lo que ya tenía pensado comentar dicha idea desde hace tiempo-, aunque en ocasiones se compara a Irlanda con algún país nórdico, o centroeuropeo. Pero a los efectos que ahora nos interesan destacar, las conclusiones son similares.

El caso es que, lamento decirlo, en mi opinión la afirmación es falaz -y si cabe especialmente en el caso de comparar Irlanda con Francia-. Pues sugiere que Irlanda tiene menos bienestar -traducido, supongo, en menores prestaciones públicas- que Francia -u otros países-, y que ello es consecuencia de que impone -valga la redundancia- menos impuestos.

La causa de la falacia, la verdad aparente en la que se sustenta el engaño y que se está convirtiendo en un mantra, es la menor "presión fiscal de Irlanda". Efectivamente en términos de recaudación sobre PIB, la de Irlanda es de un 21% y la de Francia de un ¡46%!

A modo de dato comparativo, en el año de referencia utilizado -2018- la presión de España fue de un 34%. Por lo que ni siquiera es cierto, aún desde este particular dato, que tengamos "la fiscalidad de Irlanda".

Siempre digo -aunque sospecho que nadie me escucha- que este indicador (presión fiscal medido en recaudación sobre PIB) tiene truco y es muy peligroso. Admitamos que "puede parecer" que indica que en Francia se recauda más del doble que en Irlanda, y que ello "debe implicar" que en Irlanda habrá muchos menos (¿la mitad?) de prestaciones públicas.

Pero ninguna de ambas consideraciones es cierta. Pues cuento Irlanda recaudó 14.913€ per capita, Francia 16.593€ (o sea, solo un 11% más). Y resultó que Irlanda destinó a sanidad 3.598€ per capita y a educación 2.128€ per capita. Un 6,5% más a sanidad (3.381€) y un 18% más a educación (1.804€), que Francia. España se encuentra aproximadamente por la mitad en ambas magnitudes.

¿Sorprendente?

Resulta, además, que los tres países tienen un "sistema fiscal" muy parecido, con un IVA en tasas similares (de hecho Francia la tiene inferior, con un 20%, mientras el de España es el 21% y el de Irlanda de un 23%). Unas tasas de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas equivalentes, con marginales superiores al 50% tanto en Irlanda cono en Francia, y algo inferiores en España (aunque en breve parece que los alcanzaremos), resultando tipos medios de entre el 26 y el 27% en los primeros países y del 21% en nuestro país.

¿entonces?

Pues lo que resulta es que el PIB per capital de Irlanda es un 49% superior al de Francia (sí, han leído bien, 70.470€ de Irlanda frente a 35.960€ de Francia). Y el salario medio irlandés un 25% superior el francés (48.806€ frente a 36.547€). Con España, como se sabe, significativamente por debajo incluso de Francia en ambos datos. Y a modo de corolario, en Irlanda el paro (en el periodo de referencia) era tan solo de un 5,5%, frente a un 8,8% en Francia (mientras en España era de un 14.4%).

El dato, demagógicamente utilizado y que -supongo- induce al error del título de este comentario, es que el Impuesto sobre las Sociedades de Irlanda es muy inferior, tanto el español como al francés. Pero su consecuencia no es menos recaudación real ni menores gastos públicos en servicios sociales. Sino, "curiosamente", un enriquecimiento del país y de su población (el índice Gini, que mide la distribución de la riqueza, es prácticamente igual en Irlanda y en Francia, algo superior en España). De hecho, no es el único factor -aunque sí el más "famoso"-, pero es sabido y comúnmente aceptado -de hecho, habitualmente criticado- que esa reducida tributación de las sociedades ha sido una de las palancas para llegar a tal nivel de rentas y de salarios.

Porque la clave de la recaudación, y la consecuente posibilidad de destinar recursos públicos a los servicios esenciales para los ciudadanos, son las "bases" de recaudación, que son las que hay que expandir, y no sus tasas -tipos- de gravamen. Parece demostrado que ser más "ricos" hace que se paguen más impuestos sobre las rentas, aún con las mismas -incluso menores- tasas, y que se consuma más con su consecuente recaudación por tributos indirectos. Y parece también acreditado que determinadas "condiciones fiscales favorables" contribuyen a ese enriquecimiento social.

En España, en definitiva, tenemos parecidos impuestos sobre la renta y el consumo, pero menos riqueza de los ciudadanos (y las empresas) y mayor paro. No me canso de clamarlo en el desierto. Solamente por eso recaudamos menos. Así que no nos equivoquemos y no despistemos a la "gente"...

Notas de jurisprudencia, legislación y doctrina (2)

Emocionantes palabras del Tribunal Supremo (ponente Navarro Sanchís, Sentencia 586/2020 de 28 de mayo):

"... prácticas viciadas de la Administración y contrarias a principios constitucionales de innegable valor jurídico, como los de interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3. CE); y servicio con objetividad a los intereses generales (art. 103 CE) -que no se agotan en la recaudación fiscal, tal como parece sugerirse, sino que deben atender a la evidencia de que el primer interés general para la Administración pública es el de que la ley se cumpla y con ello los derechos de los ciudadanos-"

Desgraciadamente, en la práctica se ha perdido la perspectiva por parte de la Administración tributaria -y sus cuerpos jurídicos- identificando el interés general con la recaudación a cualquier costa, y para ello se promueve la interpretación más favorable a los intereses recaudatorios por cuestionable que sea. Cuando su posición exige la búsqueda incansable e incondicional de la interpretación legalmente más adecuada a los principios jurídicos y criterios interpretativos -no la más "rentable"-.

Esperamos que esta Sentencia (que tiene otros pronunciamientos muy interesantes respecto de la cuestión concreta, pero de la que ahora me interesa destacar esta consideración de alcance general) contribuya a retornar las aguas a su cauce ¿iluso de mí?

Coronavirus (3): de la falacia de la "reconstrucción" (y sus tributos) ¿a la "deconstrucción" del gasto y la deuda públicos?

La flamante Comisión Parlamentaria para la "Reconstrucción Social y Económica" (constituida el pasado 7 de mayo) lleva implícito un mensaje falaz: que algo se ha destruido previamente, lo que naturalmente requiere una actividad positiva conducente a ser reconstruido.

Ni la economía ni la sociedad española se han destruido en modo alguno (desde luego no en el sentido en que pretende transmitir la citada Comisión). Ya sé que el término no solamente se refiere a lo material (que desde luego no ha sido afectado en absoluto), sino que "reconstruir" puede referirse también a lo inmaterial (que desaparezca o quede inutilizado). Pero tampoco ha sucedido tal cosa. Las infraestructuras, las estructuras productivas, los medios humanos -incluyendo sus talentos como factor inmaterial- y el capital privado se mantienen intactos. Y en plena forma, a diferencia de lo ocurrido en la crisis anterior.

Lo que sucede es que se les ha limitado normativamente ejercer su actividad económica ordinaria. No digo que no hubiera razón justificada para ello, solamente constato el hecho que constituye la causa de la paralización económica: legal y administrativa.

Y la consecuencia natural: en el momento, medida y forma que se "permita" de nuevo, la economía volverá a "circular", utilizando un símil automovilístico. No hay que arreglar el coche, ni la carretera.... En cuanto las autoridades competentes permitan la circulación con normalidad, ésta volverá. Aunque al haberse generado un "atasco" será necesaria cierta paciencia para volver al ritmo precedente. Y en algunos casos concretos y particulares será necesaria una inyección de gasolina o una recarga de batería, debido al tiempo parado y normalmente vinculado a problemas previos.

Cuidado, por tanto, con la falaz difusión de la necesidad de "reconstruir", que denota una doble trampa dialéctica: la primera, que es necesario más intervencionismo público, con más trabas y costes para la actividad económica generadora de riqueza, y mayor gasto público; y, la segunda, que siendo lo anterior "imprescindible e incuestionable", será necesario más endeudamiento y... ¡más impuestos! ¿por qué siempre terminamos en lo mismo?

No se trata de llegar de inmediato a la "normalidad" (la de siempre, la que queremos los ciudadanos, porque de lo contrario ya nos habríamos dado previamente otra "normalidad" distinta). Ni de obviar irresponsablemente un problema de salud. De lo que se trata es de que no se utilice tal excusa con fines espurios: la reconstrucción como remedio salvífico de la clase política con la contrapartida necesaria de una  sumisión agradecida de sus súbditos.

Los protagonistas de la "reactivación" solo pueden serlo la sociedad civil y sus actores, individual e institucionalmente. Como lo han sido en las soluciones más eficientes durante el parón económico y la crisis sanitaria. Así que no esperen a que los políticos les solucionen los problemas mediante "mesas", "comisiones" ni Leyes.

Las Administraciones Públicas y los organismos políticos solo deben remover los obstáculos y establecer el marco general de confianza -administrativa, tributaria y legislativa-, y un respaldo financiero general y abstracto -al que los operadores privados, entre ellos las entidades financieras, deberán dar fluidez y eficiencia-.

Así que si la Comisión pretende lo contrario, o siquiera trasmite un mensaje equívoco, el efecto será contraproducente. Ya lo estamos viendo con el manido discurso de la necesidad de subir impuestos, y la formulación demagógica de que "esta la pagan los ricos y las grandes empresas". El efecto siempre es ahuyentar a unos y otros en alguna forma o medida, o no vienen o incluso se van (ellos o su dinero). Y en tal coyuntura, desde luego que resulta muy difícil atraer nuevos inversores u otras fuentes de generación de riqueza. Más aún cuando ya se sabe que las medidas propuestas no pueden obtener ni de lejos la recaudación anunciada (sobre esto hablaremos en otro momento).

Al revés, las que sí son medidas adecuadas y oportunas son más bien ciertas rebajas de impuestos. Pero no sobre criterios como ser mas o menos rico ni mas o menos grande, que no responden a la justicia tributaria ni resultan eficientes. Sino sobre el de preservar e incentivar la actividad y el empleo, promover la inversión e introducir medidas de estricta justicia tributaria. Tal y como se ha hecho en muchos países de nuestro entorno -y ha sido recomendado por la OCDE- e incluso en parte se ha hecho en algunos territorios forales de España -solo Vizcaya y Guipúzcoa, de momento-.

Con todo y en definitiva, de lo que no he oído hablar en la Comisión, y debería ser su misión fundamental de cara a un futuro realmente esperanzador, es de iniciar la "deconstrucción" de la actual  estructura de gasto público y el plan para la "reducción" progresiva de la deuda ¿cuándo toca ese debate?