Lo siento, lo he intentado, he dejado pasar unos días... pero finalmente no me puedo resistir a comentar el tan publicitado Informe, publicado recientemente, en el que un grupo de indudables expertos analizan el sistema tributario y proponen una serie de reformas sobre el mismo. Pero a la vista de su extensión, lo haré por partes: primero porque ni siquiera me ha dado tiempo de leerlo completo con la necesaria atención; y demás porque en un formato electrónico como éste no sería razonable pretender abordar "de un tirón" el análisis de todos sus aspectos.
De momento solo puedo referirme a su "resumen ejecutivo", puesto en relación con el mismísimo "mandato y propósito" de dicha Comisión, que es naturalmente reflejo del encargo que el Gobierno hacía a este grupo de expertos.
Y desde este punto de vista no puedo sino empezar felicitándoles a todos ellos y al conjunto, pues han debido cumplir con el mandato contenido en el correspondiente Acuerdo del Consejo de Ministros. El problema es que en dicha orden se encuentra la causa real de mi personal decepción, y no en el trabajo de los expertos. Pero estoy convencido de que la culpa es solo mía, y lo voy a intentar explicar.
El problema es que yo pensaba, iluso de mí, que los tributos se debían crear "con el fin primordial de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos" (fines fiscales) en un "sistema tributario justo" en el que todos contribuyan "de acuerdo con su capacidad económica". Claro que "además" de ello, los tributos pueden "servir como instrumentos de la política económica general", pero siempre había tenido claro que esa era una función accesoria -es más, personalmente entiendo que debiera ser marginal, por definición, pero ahí ya podemos entrar en lo personal-. Lo anterior es reflejo de lo dispuesto en la Ley General Tributaria y en la Constitución.
Pues bien, resulta que los fines señalados por el encargo a la comisión se centran en la "consolidación fiscal" -recaudar suficiente para minimizar el déficit- y "coadyuvar a la recuperación económica de España y la creación de empleo", concretando para ello cuatro características fundamentales perseguidas: la sencillez; la suficiencia -recaudar-; que favorezca el desarrollo económico; y que favorezca el desarrollo social.
No digo que todo eso no sea bueno y útil. Pero en mi concepción del sistema tributario, eso era secundario, y primero estaba la contribución al sostenimiento de los gastos bajo la guía y criterio esencial de la "justicia tributaria". Ahí está mi decepción general por el enfoque que se confirma según avanzo en el análisis del documento:
- En primer lugar, los miembros -los señores que salen en la foto de arriba- son 8 economistas y un solo jurista, lo cual ya es suficientemente indicativo. Sin que esto constituya una crítica personal, pues respeto sinceramente a todos (y a alguno concreto le profeso un profundo afecto personal y admiración profesional).
- Como decía, los objetivos marcados eluden la cuestión de la "justicia tributaria". A lo más que se aproximan es a la consideración de la "equidad", que es una especie de trasunto economicista pero no alcanza, en mi opinión, los imperativos de la justicia, ni en lo formal ni en lo material, ni mucho menos en la individualidad pretendida.
(un paréntesis para un par de ejemplos que quedan pendientes de desarrollo en este blog: en el IRPF "propone revisar la cuantía de los mínimos personales y familiares" con el objetivo de "contrarrestar la reducida tasa de natalidad así como de facilitar el equilibrio entre vida laboral y familiar", de acuerdo pero antes ¿no habría que valorar criterios de justicia tributaria vinculados a la capacidad económica según las cargas familiares?; y en el IS critica que "dos tipos de gravamen y dos regímenes impositivos en función del volumen del negocio, genera desincentivos al crecimiento de las empresas", pero ¿no hay una cuestión previa relativa a la capacidad económica real de los socios personas físicas verdaderos titulares de la renta?)
- De hecho, el contenido del Informe -reflejado en el índice- aborda los principales "impuestos", pero omite cualquier referencia a los demás tributos, que son las tasas y las contribuciones especiales, dejando cojo un análisis formalmente riguroso del llamado "sistema tributario".
- En la misma línea, resulta incomprensiblemente escueto -en mi concepción, claro- en cuanto a los aspectos formales y procedimentales de la configuración y aplicación de los tributos, la mayoría de los cuales resultan absolutamente olvidados.
- Y su propia "deriva" se orienta al desplazamiento de la carga hacia los impuestos indirectos en general, y a los "medioambientales" en particular, que constituyen -por definición- gravámenes cuyo fin es exclusivamente extrafiscal. Además de que al respecto eluden también tratar la cuestión de la justicia tributaria lograda.
- Se aprecia, ya en concreto y tendremos ocasión de objetarlo en siguientes comentarios, una clara y explícita carga de las justificaciones de las reformas propuestas en motivaciones ajenas a la "justicia tributaria", propias de la "política económica general".
Como digo, e insisto, todo esto es lícito y puede ser legal... bueno, quizás lo sea hasta cierto punto... Pero a mí me sabe a poco, en mi deformación académica y profesional, y por ello me comprometo a reconsiderar todo el sistema, a la luz del informe pero también desde esta perspectiva irrenunciable para mí (y creía que para la Constitución y las Leyes..). A ver si resulta que alcanzamos puntos de encuentro... Para ello, aquí seguiré para quien quiera aguantarme.
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