¿“Beneficios fiscales” del Brexit?

Siempre me han encantado los refranes, como síntesis inmejorable para la descripción de determinadas situaciones, personas o acciones. Y, aunque no sé si suena muy profesional ni muy erudito, acostumbro a usarlos siempre que me parecen oportunos, tanto en foros académicos como en reuniones de trabajo.

Me acordaba de esto al hilo de que últimamente he tenido que explicar en diversas ocasiones que los cambios e incertidumbres que observamos en el panorama –patrio e internacional– resultan "desgraciadamente beneficiosas" para determinadas profesiones, como la mía. Sencillamente, ya se sabe, porque “a río revuelto, ganancia de pescadores”.

Tengo que aclarar también que no deseaba el Brexit, porque también pienso en los demás -no se vayan a creer-, y para el conjunto, al menos a corto y medio plazo, es más fácil –y por ello más beneficiosa– la estabilidad y la certidumbre. Pero al mismo tiempo auguré que, una vez aprobado para mi sorpresa, generaría oportunidades para muchos en el corto plazo. Con independencia de cuál vayan a ser efectivamente sus consecuencias futuras –que nadie conoce ni puede adivinar, no se engañen–, y sus beneficiarios finales (me atrevo incluso a pronosticar que posiblemente ni siquiera suceda).

Como suele pasar, han sido -como no- los propios políticos los que han planteado los primeros oportunismos, y precisamente en materia fiscal. Recordemos que, como he apuntado otras veces, la condición para la planificación fiscal internacional es la diferencia de tributación entre territorios. Y la causa de dicha diferencia es la voracidad recaudatoria de todas las administraciones, infestada de una extraordinaria hipocresía -en la que los británicos han sido ejemplo histórico y siguen conservando un puesto de honor-.

Por ello, el primer gesto parece ser del mismísimo Reino Unido, que se está planteando reducir el impuesto sobre las sociedades. Naturalmente para incentivar que en sus planificaciones, precisamente fiscales, pese el interés por permanecer en tierras de su graciosa majestad. O incluso, ya puestos, en que otros aprovechen la oportunidad de acompañarles. Y todo ello al tiempo que se respaldan y difunden sesudos estudios y grandilocuentes recomendaciones para que las legislaciones de todos los estados luchen contra la “planificación fiscal agresiva o perniciosa” (la terminología no tiene desperdicio).

Correlativamente, otras Administraciones –como ejemplo más próximo la Comunidad de Madrid– se han apresurado a anunciar que van a competir para atraer a las empresas que decidan escapar del Brexit. Entre otras formas, mediante una serie de beneficios fiscales. O sea, y valga la expresión, van a intentar “hacer leña del árbol caído”.

Estos ejemplos y sus contextos políticos y jurídicos darían para mucho análisis, pero no caben en este comentario. Aunque seguiré con atención su desarrollo, y ya veremos...

De momento solo lanzo una reflexión sobre esa supuesta lucha abierta contra la “planificación fiscal agresiva o perniciosa”, pomposamente abanderada por la OCDE y el G-20. Y es que es una gran mentira institucional de carácter internacional -que no global-. Porque en realidad, a los promotores del invento -obsérvese que son los países más desarrollados- les gusta la planificación “agresiva”, pero exigen que se decante a su favor. De hecho se sienten legitimados para posibilidad y fomentar la planificación siempre que caiga de su lado -paraísos fiscales asociados o internos, regímenes especiales para determinados activos o actividades, guerra de tipos...-.

Y es que eso de ser “perniciosa” parece ser subjetivo y unilateral, solo se da si el perjudicado es uno mismo. Dicho “en plata”, la planificación fiscal es muy mala y las multinacionales muy perversas si me perjudican, y entonces me muestro muy decidido a luchar contra eso -contra lo que me perjudica-,  proponiendo a todo el mundo las recomendaciones legislativas a establecer (Acciones BEPS: “Consejos doy que para mí no tengo”). Ahora bien, si me pagan...